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Militares acusados en caso Jesuitas fueron remitidos al Juzgado 12 de Paz

Fachada de la Brigada Especial de Seguridad Militar.

David Pérez
Beatriz Castillo
Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino

Esta mañana, nueve de los diez militares en calidad de retiro, requeridos por un tribunal de España, por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, fueron puestos a la orden del Juzgado 12º de Paz, luego de que estos se entregaran voluntariamente a la Brigada Especial de Seguridad Militar, local de la ex Guardia Nacional, en los momentos en que la Policía Nacional Civil atendía la orden internacional, según informó oficialmente el Gobierno esta mañana.

La acción de los ex miembros de la institución castrense se da después de la difusión de captura de la Policía Internacional (INTERPOL, por sus siglas en inglés), la que fue ordenada hace dos semanas por el Juez Sexto de Instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco. La Audiencia Nacional, aproximadamente hace un mes y medio, avaló que se emitiera una orden de detención contra los procesados por asesinato de los jesuitas, caso reabierto en España, luego que la hermana del sacerdote jesuita Ignacio Martín Baró pidiera esa reapertura.

La Policía Nacional Civil (PNC) recibió la difusión roja en las últimas 24 horas, con la cual se traslada a instancias judiciales una posible extradición, de la oficina de la INTERPOL, con sede en Lyon, Francia, ayer por la tarde, siendo inmediata la respuesta.

Los militares se presentaron a la Brigada Especial de Seguridad Militar o ex Guardia Nacional (GN), a las 18:00 horas de ayer domingo.

Se conoció que estos permanecieron ayer en horas de la noche en la base militar. Hoy, en horas de la mañana, diferentes medios de comunicación se apostaron en la entrada de la base militar para conocer mayores detalles, sin embargo, uno de los oficiales de la Base dijo que no tenían autorización para informar, si los militares procesados permanecían aun en el sitio.

Incluso, en los portones de la ex GN fueron puestos cartones en ventanillas o aberturas para que no se grabaran imágenes desde el exterior.

Los nueve militares en situación de retiro que se presentaron voluntariamente ante el ministerio de la Defensa, y que desde esta mañana se encuentran a la orden del Juzgado Décimo Segundo de Paz, son: Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo. La Difusión Roja incluye también a René Emilio Ponce, fallecido el pasado dos de mayo.

Se ha especulado que el propósito de los requeridos al acudir a la instancia castrense fue el de ser juzgados según las leyes militares, bajo el Código Militar, y no como civiles.

Sin embargo, el Ministro de la Defensa Nacional David Munguía Payés, dijo el viernes de la semana pasada, que el caso se está ventilando “fuera de las instancias de la institución armada” y que en última instancia será la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que va determinar con base a la ley y los tratados internacionales como se va ventilar ese caso.
“Yo no soy abogado, este caso se está ventilando en los tribunales, y es un caso legal, yo no puedo emitir un juicio porque no soy autoridad competente” sentenció el alto jefe militar al ser cuestionado.

“Este es un caso que ha llamado la atención a la sociedad salvadoreña y tiene a todo mundo pendiente, igualmente a la sociedad militar. Es un caso que no se ventila en el ambiente castrense sino en el ambiente de justicia, nosotros esperamos que se haga justicia y que se determine que se tiene que hacer”, agregó.

En el comunicado oficial, difundido por la Radio Nacional de El Salvador, dice: “Que mientras la autoridad policial se disponía a aplicar la Difusión Roja, nueve de los 10 militares retirados se presentaron voluntariamente, a las 18:00 horas del día domingo 7 de agosto, a la Brigada Especial de Seguridad Militar”.

Luego prosigue: “Que la mañana de este lunes, a las 8:00 horas, el Ministerio de la Defensa puso a la orden del Juez Décimo Segundo de Paz, a los nueve militares retirados que son requeridos por la INTERPOL, para los procesos legales correspondientes”.

Merino considera que se puede ponen en riesgo la estabilidad
Francisco Merino, actual directivo de la Asamblea Legislativa y ex vicepresidente de la República, durante la administración de Alfredo Cristiani, cuando se cometió el crimen contra los sacerdotes jesuitas, consideró negativo la reapertura del caso judicial contra militares acusados del múltiple asesinato.
Merino dijo que las cosas deben quedarse como están y no remover viejas heridas que pongan en riesgo los Acuerdos de paz que se firmaron en 1992.

“Esto más parece una acción política de ciertos sectores”, consideró el parlamentario. Al tiempo que añadió que “este tipo los salvadoreños ya lo habíamos superado, después de la Ley de Amnistía, la Ley de reconciliación, y es lo que nos ha permitido pasar por varios sin violencia”, indicó.

El ahora diputado del PCN consideró que “hay que ser muy cuidadosos, porque es el interés de los salvadoreños el que está en juego” con el proceso que se desarrolla desde un tribunal español.

Merino recalcó que “hay sectores foráneos que tratan de incidir e irrespetar nuestros procedimientos”, y criticó que el juez español, incluso, está poniendo en entredicho el proceso que se hizo en El Salvador, para investigar el asesinato múltiple.
“Ha dado a entender que el proceso judicial contra los militares fue una simulación, si nosotros dijéramos algo así hasta reclamos diplomáticos se habrían dado, porque no es la manera de referirse a las autoridades del país… creemos que hay una fuerte carga de elementos más políticos, se quiere hacer un caso sensacionalista”, reiteró el político.

Merino dijo que la condena de la sociedad fue enérgica en ese momento y se investigó con los elementos que se tenían para castigar a los responsables, por lo tanto, no ve conveniente que el caso se abra y ponga en riesgo la estabilidad que se ha logrado con la firma de la Paz.

Y añadió que de reafirmarse este proceso se corre el riesgo de comenzar un interminable ola de acusaciones entre las partes que en el pasado estuvieron en conflicto. “Si igual reclamamos por determinados casos, se tendría que hacer indudablemente hacia otros sectores y ahí sí se pondría en riesgo la estabilidad de nuestro proceso”.

Como autor intelectual también se acusaba al Expresidente Alfredo Cristiani, pues, se asegura que en la reunión en la que participó el alto mando, la noche del 15 de diciembre, cuando se tomó la decisión de asesinar a los jesuitas estuvo el expresidente, en su calidad de Comandante General de la Fuerza Armada. Sin embargo, el juez español, decidió sacarlo de los sospechos, y dejó en la lista solo a los diez militares antes mencionados.

Se supo, previo a esta decisión del juez español, Salvador Samoyoa, y Oscar Santamaría, miembros de las comisiones negociadoras de la paz, en representación de la ex guerrilla, y del gobierno de turno, respectivamente, había viajado a España para procurar a favor de Cristiani.

Hasta hoy ha quedado la duda si la exclusión del Expresidente Alfredo Cristiani es porque en efecto no tuvo ninguna participación o porque hubo cabildeos para sacarlo del proceso.

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