Presentan Caso Roque Dalton ante CIDH
La familia del poeta busca justicia fuera del país ante la impunidad que reina en El Salvador
Por Damaris Aguilar
SAN SALVADOR – Este día Juan José Dalton interpuso una demanda contra el Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, por la renuencia del sistema judicial salvadoreño de iniciar un proceso de investigación en el asesinato del poeta Roque Dalton.
La solicitud fue acompañada de otros casos de violaciones a los derechos humanos como el del ex rector de la Universidad de El Salvador, Félix Ulloa asesinado en 1980, y el dirigente del Partido Demócrata Cristiano, Zamora Rivas, casos que hasta la fecha tampoco han obtenido respuesta a pesar de las constantes peticiones de justicia.
“Informar a la sociedad salvadoreña que hoy 2 de noviembre presentamos una denuncia y una demanda contra el Estado salvadoreño por no investigar el caso de graves crímenes contra la humanidad y contra los derechos humanos” expresó Juan José Dalton.
Roque Dalton fue asesinado en 1975 por sus compañeros de armas en el Ejército Revolucionario Popular (ERP), grupo que después pasó a formar parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy día partido político en el gobierno. La muerte del poeta es atribuida a Joaquín Villalobos y al actual director de Protección Civil, Jorge Meléndez.
“Es un hecho histórico que se une a anteriores cusas de las cuales El Salvador también ha hecho caso omiso, como el caso de monseñor Romero y los Jesuitas.
Pero el caso de Roque Dalton no es el primero que lleva al Estado salvadoreño al banquillo de la CIDH, casos de desaparición forzada como el de los niños y niñas, Emelinda Lorena Hernández, Santos Ernesto Salinas entre otros, fueron presentados en 2003. La razón sigue siendo la misma, la falta de interés y la inoperancia de las autoridades nacionales.
Dos años más tarde (2005) tocó el turno para el caso de las hermanas Serrano Cruz, que llegó a un organismo superior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se convirtió en la primera condena internacional en contra de El Salvador.
Junto a la demanda presentada por Juan José Dalton se suman otros casos atendidos por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), entre éstos la desaparición del entonces universitario Francisco Ventura Reyes, Rolando González Morales y Carlos Santos Menjívar, que fueron detenidos y torturados en 1981.
Dalton asegura que su demanda cumple los requisitos para que el caso sea admitido por el organismo internacional.
“La CIDH en primer lugar tiene que verificar si nuestra demanda cumple todos los requisitos por ejemplo, haber agotado las instancias nacionales. El Salvador es un estado miembro de la OEA, entonces con mucha más razón los salvadoreños que nos encontramos desprotegidos del sistema judicial del país tenemos derecho a buscar justicia y lo hemos decidido en esta instancia internacional”, acotó.
Además, está consciente de que es un proceso que tomará tiempo, pero considera que en esta ocasión sus peticiones no serán obviadas. “No sabemos cuánto tiempo se va a tardar este proceso, pero es un proceso que está en manos ya no de El Salvador, sino en manos de la comunidad interamericana”, dijo.
En Washington además, cuentan con el apoyo y solidaridad de salvadoreños que un día tuvieron que dejar su patria por miedo a que su dignidad e integridad humana fueran violentadas.
“Hemos tenido una recepción impresionante, ayer martes tuvimos una reunión político cultural, tuve la recepción con poetas, escritores, pintores, gente de la comunidad intelectual salvadoreña en Washington, organizaciones de la sociedad civil que se reunieron para darme la bienvenida y darme su apoyo solidario a la causa que estamos llevando”, afirmó Juan José Dalton.
Pero la petición de justicia no termina con la demanda. Por la tarde (5:00 hora de Washington) Juan José Dalton junto a l director del IDHUCA, Benjamín Cuellar y Carlos Santos ( ex prisionero político), darán una conferencia de prensa en el Washington Office of Latin America (WOLA) de la capital estadounidense.
Juan José espera de esta manera enterrar de una vez por todas, un caso de violación a los derechos humanos que durante muchos años ha mantenido abierta una herida que ni siquiera el tiempo ha podido cerrar.
Si la Comisión resuelve que el Estado salvadoreño es culpable de obstaculizar el ejercicio de la justicia, la CIDH dará ciertas recomendaciones para que El Salvador las lleve a cabo, entre ellas llegar a un acuerdo amistoso con los demandantes.
Caso contrario, se procedería a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y si ésta emite un fallo a favor de la familia Dalton, obligaría a El Salvador investigar y esclarecer el asesinato del poeta.
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“Este es un Estado prófugo de la justicia”
La familia de Roque Dalton acude a la CIDH ante la total inacción de la FGR. Juan José Dalton detalla los motivos
Por Fernando de Dios/Damaris Aguilar
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SAN SALVADOR – El caso Roque Dalton sigue el curso que se podía esperar. Tras casi año y medio esperando infructuosamente que la Fiscalía General de la República (FGR) ponga en marcha una investigación, la familia del poeta ha decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH).
Este miércoles 2 de noviembre presentarán una demanda contra el Estado salvadoreño por no cumplir con su obligación de investigar este caso y negar a sus ciudadanos el acceso a la justicia.
Juan José Dalton, hijo de Roque, es muy enfático al señalar que la FGR no les ha dado ninguna respuesta a su denuncia contra Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez y Alejandro Rivas Mira como supuestos autores materiales del asesinato de su padre junto a Vladimir Rogel, este último asesinado también presuntamente por los tres anteriores.
“La Fiscalía no nos ha brindado ni siquiera decir no vamos a investigar esto”, explica Dalton, razón por la cual esperan que sea la Comisión IDH la que al menos ponga en evidencia al Estado por la omisión de acceso a la justicia de su familia.
No buscan venganza, afirma, sino verdad y justicia, algo por lo que claman en este país tantos familiares de víctimas del periodo del conflicto armado y los años anteriores al mismo. Y algo que igualmente es negado en tantas ocasiones en la actualidad, cuando el país registra cifras de asesinatos incluso superiores a muchas fases de la guerra.
De hecho, al ver el desempeño del Estado salvadoreño tras ser condenado en el caso de las hermanas Serrano Cruz, Dalton afirma que “ahorita el Estado salvadoreño se está comportando como un prófugo de la justicia”.
Esa falta de justicia, de la que es responsable el Estado, señala, es lo que provoca que la venganza de hecho se imponga a diario y El Salvador se encuentre en la situación que vive actualmente.
Explícanos qué es lo que vais a presentar ante la Comisión IDH.
Bueno, digamos que la decisión que hemos tomado, en conjunto con los abogados que nos representan y que llevan el caso de Roque Dalton, es que el 2 de noviembre vamos a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado salvadoreño por no impartir justicia, por faltar, por no investigar el caso del asesinato a Roque Dalton y Armando Arteaga. Además, por cometer el delito de no dar a conocer la verdad sobre el caso de Roque Dalton, de no investigar para conocer la verdad en el caso de Roque Dalton.
Este es un paso importante que la familia nuestra ha decidido dar, reclamando nuestros derechos, que son derechos universales de justicia y también de la verdad histórica sobre el caso de mi padre; entonces es un paso importante que nosotros damos, queriendo saber y que se haga justicia aquí en El Salvador sobre el caso de Roque Dalton.
En la última petición de justicia que habéis hecho al Estado, ¿cuál fue la respuesta de parte de las autoridades?
Es que no hemos tenido. Nosotros presentamos una denuncia; quizá como antecedente puedo decir que durante 35 años en El Salvador, desde el 10 de mayo de 1975 hasta el 10 de mayo del 2010, en El Salvador, en el sistema judicial, no había absolutamente nada, nada, ni una página, ni un expediente, absolutamente ningún documento que recogiera el asesinato o por lo menos decir, sabemos que Roque Dalton se dice que fue asesinado en tal fecha. Eso no existía, pese a que mi familia, públicamente, la mamá de mi papá, mi mamá y nosotros mismos, todos esos años siempre pedimos que se esclareciera la verdad sobre el caso de mi padre y eso nunca se logró.
El 14 de mayo de 2010 la familia de Roque Dalton solicitó al Fiscal General de la República que hiciera una investigación aquí en El Salvador, que investigara los hechos. Le entregamos una serie de documentos en los que se exponen las diferentes versiones sobre el asesinato de mi padre e incluso confesiones de personas como Joaquín Villalobos, como Jorge Meléndez, que dijeron por su propia cuenta y públicamente que ellos conocen los hechos, que estuvieron involucrados en la decisión del asesinato y que se hicieron en un momento también responsables.
Entonces, todo eso se lo entregamos al fiscal, pero llegó el momento, recientemente en septiembre después de que habían pasado 16 meses de nuestra petición hecha en el 2010, le entregamos un documento pidiéndole que nos respondiera qué es lo que iba a hacer. No hemos tenido ninguna respuesta del fiscal.
¿Ese documento que entregasteis en Fiscalía, él no lo recibió directamente?
No, directamente el fiscal nunca nos ha recibido. Hemos sabido que el fiscal nombró a dos subalternos, pero en resumidas cuentas nosotros no tenemos ninguna respuesta que nos diga, hemos comenzado a hacer esta investigación. No han llamado a los involucrados en el crimen, entonces no nos queda más que acudir a una instancia internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hacer este reclamo al gobierno. Ya sería una demanda que tiene que estudiar la Comisión, como ha estudiado el caso de monseñor Romero, el caso de los Jesuitas, el caso de las niñas Serrano, casos de desaparecidos y eso es lo que vamos a hacer.
También tengo conocimiento de que se van a presentar otros casos en contra del Estado Salvadoreño por las mismas causas. El caso del asesinato del ex procurador Mario Zamora Rivas y también el caso del rector Félix Ulloa, que fue asesinado también y no se sabe quién lo asesinó, y la familia, como de Mario Zamora, quieren saber la verdad sobre los hechos.
Está también un grupo de ex presos políticos que va a presentar su denuncia por torturas, por desapariciones forzadas, por actos arbitrarios y que quieren también conocer quiénes fueron sus victimarios.
En este caso vosotros ponéis una demanda contra el Estado salvadoreño en la Comisión IDH. La Comisión podría hacer una recomendación que no es vinculante. ¿Qué esperáis de este proceso, que llegue a la Corte IDH?
Bueno, lo que te puedo decir es que es un proceso bastante largo. Lo que sucede es
que la Comisión revisa y acepta o no el caso, como cualquier sistema judicial. Si lo acepta y determina que el Estado sí está violando los derechos de una persona, la Comisión hace unas recomendaciones y se puede llegar a una conciliación amistosa entre el Estado y las víctimas, pero esa conciliación amistosa implica que el Estado tiene que cumplir con las demandas de investigar el caso, pero ya no va a ser una familia la que le pedirá investigar el caso, será un sistema de naciones.
Porque la Comisión está compuesta por comisionados elegidos en el seno de una institución, de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entonces ya es la comunidad de todos los países de América que están diciéndole a El Salvador, usted está incumpliendo. Así como hace poco la Comisión le dijo a El Salvador que no ha investigado el crimen de monseñor Romero, no ha investigado el crimen de los Jesuitas y otros más.
Para pasar a la Corte ya, donde se le hace un juicio, es que el Estado haya hecho también caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, como está el caso de las niñas Serrano donde ya el Estado salvadoreño ha sido condenado.
En ese caso por ejemplo, de la investigación del asesinato en sí de las hermanas Serrano Cruz, ¿ha llegado a algo? Es decir, ¿se ha abierto un proceso de investigación en el país que vaya determinando quiénes son responsables?
En el caso de las hermanitas Serrano, que desaparecieron, el Estado fue condenado y la condena implica una obligación del Estado de investigar qué pasó con las niñas victimas.
Lo que pasa es que hasta ahorita el Estado salvadoreño se está comportando como un prófugo de la justicia, porque no cumple con lo que un tribunal internacional le está diciendo.
Por ejemplo, no ha investigado, no ha procesado, ni ha sancionado a nadie a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se lo está pidiendo. Entonces es un Estado prófugo de la justicia.
Igual que en el caso de los Jesuitas.
El tema de los Jesuitas está ya a nivel internacional en dos niveles; uno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro en un tribunal español que está juzgando delitos contra la humanidad; en el caso de Roque Dalton puede llegar también a esa vía.
Un juzgado de cualquier país que haya firmado la convención del derecho a la verdad y las convenciones que hay sobre delitos de lesa humanidad, tortura, etc. El caso de Roque Dalton puede ser juzgado en cualquier país.
En el caso de tu papá, ¿qué opinión te merece la función que ha desempeñado la fiscalía, el sistema judicial?
La Fiscalía es una entidad que hasta este momento, no puedo decir otra cosa, porque nosotros confiamos en la entidad, nosotros confiamos en la institucionalidad de la justicia salvadoreña y por eso llevamos el caso ahí, pero la Fiscalía no nos ha brindado ni siquiera decir no vamos a investigar esto, nos ha desconocido a nosotros también.
Entonces yo a lo único que puedo atribuirle esta cuestión de que no tengamos respuesta ni el caso de Zamora, ni el caso de Ulloa, ni el caso de los presos políticos, ni el caso de Roque Dalton, yo lo que creo es que no es ni siquiera falta de voluntad política, a mi me parece que es una situación de cobardía frente a la verdad.
Yo creo que el Estado, no sólo la Fiscalía, el Estado salvadoreño y el Presidente de la República como jefe de Estado, yo creo que lo que tiene es miedo a la verdad y se están dejando chantajear por un pequeño grupo de criminales de guerra. Cuando en Argentina se ha juzgado a los dictadores, a los que robaron niños, en Argentina en Uruguay, en Brasil, en Chile, han sentado a los torturadores y los han condenado y los han llevado a la cárcel, en Guatemala igual.
Aquí en El Salvador el Estado se está dejando chantajear por un pequeño grupo de criminales de guerra, de criminales de lesa humanidad que mataron no solamente a estas personas que son base fundamental de la cultura y de la identidad salvadoreña, sino que a miles de campesinos, pobladores pobres, la gente que masacraron en la guerra. Entonces yo me atrevo a decir que no son ni 200 personas que cometieron crímenes de guerra y que este Estado se está dejando chantajear por ese pequeño y minúsculo grupo de impunes.
Y cuándo hablamos de ese pequeño grupo…
Ahí está la Tandona, ahí están los jefes militares, ahí está Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez. Esos son, se pueden contar con las manos.
Dices que ese pequeño grupo chantajea al Estado. Quizá el caso más claro últimamente lo hemos visto con el tema de los Jesuitas. Hemos visto una capacidad de los militares de amenazar al Estado. ¿Crees que ese pequeño grupo conserva realmente una capacidad de amenazar al Estado?
Lo que sucede es que esa gente no puede sentirse amenazada cuando lo que va a funcionar contra ellos es justicia, no es venganza. Las víctimas no estamos pidiendo venganza, estamos pidiendo justicia; es lo que ellos le negaron a las víctimas.
Estoy seguro que si muchas de las víctimas hubieran sido sometidas a la justicia estarían vivas, pero esta gente, ¿cómo es posible que se sientan, que puedan tener la capacidad de sentirse libres de hacer lo que una persona normal puede hacer sin tener el remordimiento de haber matado, de haber asesinado y de no pagar las culpas?
Yo estoy seguro que la sociedad salvadoreña es la que tiene que luchar contra la impunidad porque el Estado ha dado muestras de ser genuflexo, cobarde frente a esos chantajes. ¿Quiénes son los asesinos de Monseñor y de los Jesuitas y de Roque Dalton? Es un grupo de gente pequeña que puede ser sometida a la justicia. Las víctimas tenemos derecho a un resarcimiento del Estado y esta gente tienen que entender que ellos ya no tienen el poder porque ellos cometieron sus crímenes refugiados en el poder que tenían antes; ahora ya no lo tienen.
Entonces por qué no van a ser sometidos a la justicia.
Si vamos al caso de tu papá, hay tres personas vivas señaladas que son Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez y Alejandro Rivas Mira. ¿Hay algo nuevo sobre la construcción del caso?
Nosotros, al mismo tiempo que hemos presentado las denuncias, hemos ido enriqueciendo con testimonios y con datos, incluso que son públicos, que han enriquecido el caso también.
Porque por ejemplo, nosotros queremos probar que el crimen contra Roque Dalton es un crimen de lesa humanidad. Para que el crimen de Roque Dalton se considere un crimen de lesa humanidad la organización que lo cometió tiene que cumplir una serie de requisitos. Era una organización clandestina, pero tenía una estructura, eso está probado, porque el ERP era una estructura donde había jefes y había gentes que eran los subalternos. Entonces era una organización que dentro de los actuales cánones de la justicia es una organización que puede cometer crímenes de guerra, como los que cometió en la guerra, como el secuestro y asesinato de alcaldes, de empresarios como Poma o el asesinato de sus propios miembros.
Nosotros tenemos registrado en las investigaciones varios asesinatos de los propios miembros del ERP por esta dirección donde estaban Villalobos y Jorge Meléndez. Hace poco Marvin Galeas en una columna narra cómo fusilaron a un comandante del ERP por sospechas de que los había traicionado.
Entonces hay una secuencia de crímenes cometidos por esta institución que nosotros lo estamos probando, no solamente es el caso de Roque Dalton, está el caso de Armando Arteaga, está el caso incluso de uno de ellos, de uno de los que participó en el asesinato de mí padre, después lo matan ellos mismos, también Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez, que es Vladimir Rogel.
Entonces hay otros casos de gente de izquierda también que este grupo de fanáticos enloquecidos asesinó injustamente.
¿Y el agrupamiento de esos crímenes sería lo que podría llegar a juzgarse como de lesa humanidad?
El solo hecho de haber sido una organización irregular, ya no es sólo el Estado el que comete crímenes de lesa humanidad sino que también las organizaciones irregulares. Ya hay jurisprudencia sobre eso en Colombia, en varios países africanos, en Perú.
Si no, es como que se va a decir que el caso de monseñor Romero no es un crimen de lesa humanidad, porque lo cometió un escuadrón de la muerte, pero todos ellos tenían una organización clandestina, una estructura.
Entonces en materia de justicia histórica, ¿cómo ves a El Salvador?
En materia de justicia El Salvador está, ¡a cero! O sea, está en materia de impunidad...Yo no digo que El Salvador no haya avanzado en muchas cosas, pero en términos de impunidad El Salvador está como cuando estábamos en la guerra, porque ningún caso de la guerra se ha resuelto.
Es asombroso que los que mataron a monseñor Romero, los que mataron a los Jesuitas, los que mataron a Roque Dalton, a Mario Zamora, a Félix Ulloa, y los que cometieron masacres, ninguno ha sido procesado. Entonces qué justicia hay en el país.
Pero siempre que se tocan estos temas sale la frase: no abramos las heridas....
Pero nosotros tenemos una herida clavada aquí en el corazón desde hace 35 años, ¿y quién me la cierra a mí? O sea el que diga eso es tan injusto como los asesinos de nuestros familiares, porque lo que están diciendo es que las heridas de los familiares de todos los asesinados les vale un pepino.
Cualquiera que diga eso es tan criminal como los asesinos de nuestros familiares; no lo puedo juzgar de otra manera. Así lo han dicho los cuatro presidentes de ARENA y así lo ha dicho el actual Presidente también.
Entonces, yo le pregunto a la familia de Mauricio Funes ¿cómo se sienten ellos al saber que un hijo de ellos fue masacrado y asesinado y él no pudo recibir justicia, no pudo impartir justicia y tiene al asesino de Roque Dalton sentado al lado de él? Eso es duro.
Lo que nosotros queremos decir es que aún a pesar del dolor que tenemos, del dolor que sentimos, lo que estamos haciendo es pidiendo justicia, no estamos pidiendo venganza. Estamos diciéndole a esa gente que mataron a nuestros familiares que nos den a conocer la verdad. Que pidan perdón a la sociedad salvadoreña, al pueblo salvadoreño y que nosotros los vamos a perdonar también. Nosotros nunca hemos tenido sed de venganza, si tuviéramos sed de venganza muchos de ellos estarían muertos, pero nosotros no estamos acudiendo a la venganza.
Pero la impunidad en este país es tan grave que aquí las cadenas de venganza son tan tremendas… Por eso hay tantos crímenes hoy en día, por eso este fin de semana ha habido 30 muertos, el otro fin de semana igual y todos los días 12,13,14,15 muertos por la sed de venganza que hay porque no hay justicia. Ésa es la verdad.
A falta de justicia nacional…
Familiares de seis víctimas de guerra decidieron denunciar sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Por Gloria Morán
SAN SALVADOR – Debido a la falta de justicia por parte del Estado salvadoreño en seis casos emblemáticos de violación a los derechos humanos antes y durante el conflicto armado, entre ellos el asesinado del poeta Roque Dalton, los familiares de las víctimas interpondrán una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Son casos que presentan diferentes hechos de violación a los derechos humanos, pero con un común denominador: la impunidad y familiares que exigen justica al Estado salvadoreño.
La demanda será interpuesta este miércoles 2 de noviembre por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA); algunas de las víctimas, entre ellas Carlos Santos, ex preso político; y familiares de las víctimas, entre ellas Juan José Dalton, hijo de Roque Dalton.
Las denuncia será por violación al derecho a la vida, integridad física, a la libertad, entre otros señalamientos.
“Decía Ignacio Ellacuría (sacerdote Jesuita) que lo que no tienen adentro lo buscan afuera, los que no tienen empleo lo buscan a fuera (…) no tienen justicia la van a buscar afuera del país. Eso desnuda a un país que después de 20 años no ha cambiado de fondo, sigue siendo el mismo”, dijo el director del IDHUCA, Benjamín Cuellar, al justificar el porqué han decido llegar a una instancia de justicia internacional.
Además, la decisión de los familiares de las víctimas surge por la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) de investigar los casos y judicializarlos.
Jorge Dalton, hijo del poeta Roque Dalton, asesinado el 10 de mayo de 1975 por la dirección del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), aseguró que su padre está “mas ofendido que nunca y nosotros como victimas estamos más ofendidos que nunca”, por la falta de justicia e investigación de la FGR.
Dalton hijo citó las palabras del titular de la FGR, Romeo Barahona, en las que asegura que el caso del poeta está en proceso de investigación y que nunca se ha dejado de investigar; en esa ocasión Barahona declaró que “ahora tenemos que terminar las diligencias necesarias para fundamentar nuestra investigación y robustecerla”.
Pese a esas declaraciones, Jorge Dalton expresó que hasta el momento no tienen ni siquiera un fiscal que esté al frente del caso de su padre. “Barahona dice que se han robustecido las investigaciones pero en realidad se ha robustecido la impunidad”, dijo el hijo de Roque.
Otros casos que se presentarán
Otro caso que se presentará es el de Francisco Arnulfo Ventura Reyes, un estudiante universitario que desapareció el 22 de enero de 1980 frente a la Embajada de los Estados Unidos de América por guardias nacionales y marines estadounidenses.
También el caso de dos ex presos políticos, quienes asistirán a interponer la demanda, uno de ellos es Carlos Ernesto Santos Menjívar, capturado el 9 de noviembre de 1983, en San Miguel, por el escuadrón de la muerte “Maximiliano Hernández Martínez” ; y el de Rolando Ernesto González Morales, quien fue apresado el 13 de enero de 1981 por soldados pertenecientes al Centro de Instrucción de Transmisiones de la Fuerza Armada (CITFA).
Mauricio Ulloa, hijo de Félix Antonio Ulloa, quien fue rector de la Universidad de El Salvador (UES) y asesinado el 28 de octubre de 1980, aseguró que él, al igual que muchos de los familiares de las víctimas, agotaron los recursos para poder conseguir justicia a través del Estado salvadoreño, sin embargo esto no fue así, y por eso decidieron ir ante la CIDH.
Asimismo presentarán el caso de Mario Ramón Ignacio Zamora Rivas, quien al momento de ser asesinado, el 23 de febrero de 1980, fungía como procurador general de Pobres y alto dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Su viuda, Aronette Díaz, interpuso en abril de 2010 una primera denuncia ante la FGR, sin embargo “misteriosamente”, el documento desapareció de la sede fiscal. Ante esto, presentaron otra demanda y hasta la fecha, asegura Díaz, no cuentan con ningún tipo de información por parte de la FGR.
Además de realizar la acción de la demanda, conversarán con congresistas estadounidenses que se muestran preocupados por la situación salvadoreña. Y se dará una conferencia de prensa para dar a conocer los casos presentados ante la CIDH y el resultado de las gestiones realizadas.
Con la impunidad a cuestas
“A Roque Dalton se le sigue negando reiteradamente justicia e insultando la dignidad de la familia Dalton al tener a uno de los señalados como asesinos en casa presidencial”, dijo Cuellar al referirse a la falta de atención que se le ha dado al caso del poeta y el hecho de que Jorge Meléndez esté al frente de Protección Civil y la Subsecretaría de Vulnerabilidad.
Cuellar mencionó el caso del asesinato de los sacerdotes Jesuitas y sus colaboradoras como un caso donde se evidencia la total impunidad y falta de justicia restaurativa que hay en El Salvador.
Puesto que en torno al Caso Jesuitas la Corte Interamericana de Derechos Humanos giró recomendaciones para esclarecer el hecho y hasta hoy es “poco o nada” lo que se dijo al Estado. “Para acatar las recomendaciones hace falta acatar lo esencial: Investigar, sancionar, reparar el daño”, añadió Cuellar.
El director de IDHUCA calificó a El Salvador como el “paraíso de la impunidad”, cosa que quedó evidenciada después de la difusión roja emitida por Interpol a instancias del juez español Eloy Velasco en contra de los militares involucrados en la masacre de los sacerdote jesuitas, la cual “se declaró, según la Corte Suprema de Justicia, como de localización y no de detención como lo establece el protocolo de la Interpol”, dijo Cuellar.
Los familiares de las víctimas aseguraron que no presentaran los casos solo por el dolor de ellos sino en representación de miles de víctimas de la impunidad.
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